Decreto 15-2026: resumen ejecutivo y guía de cumplimiento

Cinco puntos clave

• La ley ya rige. Entró en vigor el 17 de septiembre de 2026. El reglamento puede emitirse hasta el 17 de marzo de 2027, pero la Superintendencia de Bancos (SIB) ha indicado que no hay que esperarlo para cumplir.
• La obligación nace de la actividad, no de la inscripción. No inscribirse no exime de cumplir (art. 5).
• Los profesionales tienen un régimen especial de cuatro obligaciones (art. 42): inscripción, registro por cliente, aviso mensual a la IVE y conservación por cinco años. Sin oficial de cumplimiento ni manual.
• Las listas ONU son obligatorias (art. 43). Una coincidencia exige limitar fondos y comunicarlo al Ministerio Público en un máximo de 24 horas.
• Todas las sociedades anónimas, sean o no Personas Obligadas, deben actualizar su registro de accionistas e inscribir a sus administradores en plazos transitorios.

La ley en un vistazo

La ley tiene 128 artículos y unifica en un solo cuerpo el régimen preventivo y el penal. Declara expresamente que no tiene por objeto atacar la economía informal, criminalizar el uso de efectivo ni servir a fines tributarios (art. 1).

Fechas que corren

Quien ya estaba inscrito como Persona Obligada bajo la ley anterior no debe solicitar un nuevo registro, pero sí actualizar sus datos conforme al reglamento (art. 117).

¿A quién aplica la ley?

El artículo 3 agrupa a las Personas Obligadas en tres literales. La clasificación se hace por actividad real, no por objeto social: una cláusula amplia en la escritura no convierte a una empresa en Persona Obligada, pero si comienza a ejecutar una actividad del artículo 3 debe reclasificarse y documentarlo. La SIB puede ampliar el catálogo con aprobación del CONCLAFT (art. 4).

Obligaciones del régimen general (empresas)

Artículo 42: el régimen especial de profesionales y notarios

Contadores, auditores, abogados y economistas que presten servicios sin relación laboral, y los notarios que autoricen ciertas escrituras, son Personas Obligadas cuando realizan una actividad detonante, preparada para el cliente o en su nombre:

1. Compraventa, cesión, permuta, enajenación o gestión de bienes inmuebles o derechos reales.
2. Administración del dinero, valores u otros activos del cliente.
3. Apertura y manejo de cuentas o instrumentos financieros.
4. Actividades de contaduría y auditoría (solo profesionales).
5. Organización de aportaciones para crear, operar o administrar personas o estructuras jurídicas.
6. Creación, administración o gestión operativa de personas o estructuras jurídicas.
7. Custodia o teneduría de libros o registros de personas o estructuras jurídicas (solo profesionales).
8. Compraventa o enajenación de acciones, aportaciones u otras participaciones.

Quedan fuera el profesional con relación laboral (contador de planta, abogado interno) y quien no realiza actividades detonantes. Para la mayoría de contadores y auditores externos, la actividad 4 basta para quedar comprendidos.

Las cuatro obligaciones

Lo que el régimen especial no exige: oficial de cumplimiento (arts. 16–18), manual de prevención ni revisión anual (arts. 12 y 15), registro de transacciones en efectivo (art. 31) ni la conservación digital adicional de diez años (art. 34). El estándar es de razonabilidad, no de investigación: solicitar información coherente con el servicio, documentarla y avisar cuando algo no cuadre.

Artículo 43: listas del Consejo de Seguridad de la ONU

El artículo 43 ordena a las Personas Obligadas controlar de forma permanente si sus clientes, o quienes quieran iniciar una relación de negocios, figuran en las listas del Consejo de Seguridad: personas asociadas a organizaciones terroristas (S/RES/1267 y sucesivas), al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (S/RES/1718, 1737, 2231 y sucesivas) y designaciones nacionales (S/RES/1373).

Ante una coincidencia (arts. 43 y 44):

1. Limitar de inmediato la disposición de los fondos o activos del cliente bajo administración de la Persona Obligada.
2. Comunicar por escrito al Ministerio Público, en un máximo de 24 horas, las acciones tomadas. El destinatario es el Ministerio Público, no la IVE.
3. El Ministerio Público informa a Relaciones Exteriores y solicita al juez la ratificación en un máximo de 72 horas.
4. La medida se levanta con notificación judicial o cuando la ONU revoca la designación.

Quien aplica la limitación conforme a la ley queda exento de responsabilidad penal, civil y administrativa. Recomendamos que también los profesionales y notarios cotejen las listas: el artículo 101 prohíbe a toda persona suministrar fondos o servicios a personas designadas, y el cotejo deja evidencia de diligencia.

Protecciones, sociedades anónimas y sanciones

• Secreto profesional (art. 41): quien presta servicios jurídicos no reporta la información obtenida para defender al cliente en asuntos judiciales, administrativos, arbitrales o de mediación. La asesoría transaccional sí queda comprendida.
• Buena fe (art. 37): exención de responsabilidad por proporcionar información de buena fe a las autoridades.
• Confidencialidad (art. 38): prohibido revelar que se envió un aviso o reporte, incluso después de cesar la actividad.
• Sociedades anónimas: libro de registro de acciones autorizado por el Registro Mercantil, aviso de cada transmisión en 10 días hábiles e inscripción de todos los administradores.
• Sanciones administrativas: amonestación o multa de US$500 a US$300,000 (art. 66), que puede duplicarse si se dificultó la supervisión (art. 67).
• Sanciones penales: lavado de dinero con prisión de 6 a 20 años, incluso para quien por su oficio o profesión facilite intencionalmente la operación (arts. 73 y 75). Personas jurídicas: multa de US$10,000 a US$625,000 (art. 76).
• Inconstitucionalidad: se planteó una acción contra los artículos 3 (numerales 2 y 3) y 42. Mientras la Corte de Constitucionalidad no suspenda esas normas, son exigibles.

Cómo le acompañamos

La prevención exige leer la ley como abogado, verificar como auditor y decidir como gestor de riesgos. Nuestro equipo reúne contaduría pública y auditoría (firma registrada ante la SIB, No. AEI-39), abogados y notarios, certificación AML y gestión de riesgos bajo ISO 31000.

• Para empresas: diagnóstico de clasificación como Persona Obligada, matriz de riesgo, manual de prevención, estructura del oficial de cumplimiento, políticas de debida diligencia, beneficiario final y PEP, revisión anual independiente, adecuación societaria y capacitación.
• Para profesionales y notarios: análisis de actividades detonantes, acompañamiento en la inscripción ante la IVE, expediente de cliente conforme al artículo 42, rutina mensual del aviso a la IVE, cotejo de listas ONU y criterios de secreto profesional.

Para operar estas obligaciones utilizamos ComplianceIQ, una herramienta que convierte la ley en expedientes de cliente, flujo de avisos a la IVE, cotejo de listas y archivo con bitácora de auditoría.